Resultados notables

Mark representó a John McNeil, un empresario del condado de Cobb que cumplía cadena perpetua por asesinato en un caso que atrajo la atención nacional y el apoyo de la NAACP. Impugnando la condena sobre la base de que McNeil había recibido una asistencia letrada ineficaz en el juicio, Mark consiguió que se le concediera un hábeas corpus que anuló la condena. El fiscal general de Georgia recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo de Georgia, y McNeil fue finalmente puesto en libertad en 2013 tras más de seis años de encarcelamiento.

Este recurso impugnaba la constitucionalidad de la ley de Georgia que penaliza los delitos de odio. El Tribunal Supremo de Georgia sostuvo que la ley era inconstitucionalmente vaga en virtud de las cláusulas del debido proceso tanto de la Constitución de Georgia como de la de los Estados Unidos. Debido a que su lenguaje amplio y sin matices no daba a los ciudadanos ordinarios un aviso justo de qué conducta estaba prohibida, corría el riesgo inadmisible de una aplicación arbitraria y subjetiva.

En representación del apelante, Mark impugnó la constitucionalidad de una ley de Georgia que obligaba a las personas clasificadas como "depredadores sexualmente peligrosos" a llevar -y pagar- un dispositivo de localización GPS durante el resto de sus vidas, incluso después de haber cumplido sus condenas penales. El Tribunal Supremo de Georgia estuvo de acuerdo, anulando la ley y sosteniendo que el seguimiento por GPS de por vida sin orden judicial tras el cumplimiento de la condena era un registro irrazonable en virtud de la Cuarta Enmienda. La decisión puso fin al seguimiento por GPS de cientos de georgianos e impulsó a la Asamblea General a revisar el estatuto.

Mark representó a un grupo de personas registradas como agresores sexuales que impugnaban la práctica del sheriff del condado de Butts, Gary Long, de colocar carteles de advertencia de "no trick-or-treat" en sus patios sin consentimiento. El Undécimo Circuito revocó una sentencia de un tribunal inferior y sostuvo que el sheriff violaba la Primera Enmienda, al considerar que obligar a los residentes a colocar los carteles en su propia propiedad equivalía a obligarles inconstitucionalmente a expresarse. El tribunal ordenó que se dictara un interdicto permanente para el demandante que era propietario de su casa; las demandas de otros dos demandantes que vivían en casas de propiedad familiar fueron devueltas para un nuevo procedimiento.